El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió formalmente una demanda presentada el 6 de octubre de 2025 por Héctor Miguel Arias, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba (Sipetaco), y por dos licenciatarios de taxi y remis, Paulo Daniel Ferlauto y Daniel Ricardo Quinteros.
La resolución, fechada el 4 de noviembre, rechazó la medida cautelar solicitada por los demandantes para suspender la ordenanza mientras se tramita el proceso, y ordenó citar a la Municipalidad a responder la demanda y ofrecer pruebas en un plazo de seis días, con la intervención del fiscal general de la Provincia.
Los demandantes cuestionan la clasificación del transporte mediante aplicaciones como “servicio privado de interés público”, argumentando que dicha distinción genera obligaciones distintas en tarifas, tributos y condiciones laborales, y que reduce el control municipal sobre el sector.
El abogado Carlos Cafúre, asesor del gremio, señaló que los taxis y remises perdieron más del 50 % de sus viajes habituales y afirmó que “Se obliga de alguna manera a los propios trabajadores del sistema de transporte público automotor que ya tienen un régimen propio a autoexplotarse”.
La demanda también plantea reclamos sobre la falta de garantías laborales, la cobertura de seguros y la capacidad municipal para fiscalizar los vehículos y conductores, así como la protección de los consumidores frente a contratos con jurisdicciones extranjeras.