El diputado Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, presentó una propuesta para eliminar el Impuesto Inmobiliario Urbano de la provincia de Córdoba, que afecta a más de un millón de inmuebles.
Según el proyecto, la supresión del tributo representaría un costo fiscal de $144.617 millones al año, cifra que se financiaría mediante un ajuste del gasto público que incluiría recortes de $111.000 millones en agencias provinciales, $90.000 millones en publicidad y comunicación, $25.500 millones en la planta política, $16.000 millones en la legislatura y $21.400 millones en funcionamiento y comisiones bancarias.
Bornoroni señaló que la medida no tocaría las partidas destinadas a salud, educación, seguridad y obra pública, y que los impuestos municipales seguirían vigentes porque pertenecen a otra jurisdicción.
Para compensar la pérdida de ingresos de los municipios, que actualmente reciben el 20 % de la recaudación del impuesto, el diputado propone crear un fondo de compensación automática que garantice los ingresos actuales de cada administración local.
El cálculo se basa en el Presupuesto 2026, que estima una recaudación inmobiliaria total de cerca de $470.000 millones, de los cuales el componente urbano representa aproximadamente el 30 %.