La salida de Ariel Waissbein del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) generó incertidumbre sobre la política de protección digital del Estado argentino.

Durante su gestión, Waissbein impulsaba la creación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) nacional que funcionaría sobre infraestructura de ARSAT, en Benavídez, con herramientas de código abierto y servidores propios para reducir costos y evitar dependencia externa.

El proyecto también contemplaba sumar especialistas y ampliar la capacidad operativa del organismo ante ataques informáticos a dependencias públicas.

La renuncia se produjo en medio de tensiones internas y un debate creciente sobre el rol de Estados Unidos y China en la infraestructura tecnológica estratégica del país.

En octubre, la Embajada de Estados Unidos anunció un programa de 15 millones de dólares para apoyar la instalación del centro de operaciones y revisar la infraestructura de ARSAT, complementado por un préstamo de 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, aunque aún no se define cómo se combinarán ambos fondos.

El nuevo director del CNC, Walter Agüero, firmó una disposición que incorpora requisitos de seguridad en futuros procesos de contratación, lo que podría limitar la participación de fabricantes chinos como Huawei y ZTE, pese a que parte de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT ya opera con equipamiento provisto por Huawei.

El recambio ocurre en un momento delicado para la seguridad informática del Estado, con ataques recientes a organismos públicos, filtraciones de bases de datos y episodios de ransomware que afectaron servicios esenciales.

El principal interrogante es qué parte del proyecto impulsado por Waissbein continuará adelante, cómo se implementará el futuro centro de monitoreo nacional y qué impacto tendrán las nuevas reglas sobre la infraestructura tecnológica ya instalada.