A dos meses del último escándalo político en la Legislatura de Córdoba, el exasesor radical Omar Ludueña fue trasladado a la cárcel de Bouwer, donde permanece bajo prisión preventiva mientras se investiga la denuncia de abuso sexual agravado por la condición de guardador.

Ludueña había sido apartado de sus funciones en la Unicameral luego de que se hicieran públicas las acusaciones. Según su defensa, sigue suspendido del cobro de ingresos y de la obra social.

La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno, Ingrid Vago, ordenó su detención el 11 de septiembre y, el 13 de octubre, dictó la medida de prisión preventiva, argumentando riesgo de entorpecer la investigación.

El abogado defensor Mario Rey presentó un escrito de oposición a la medida, invocando el principio de inocencia y cuestionando los fundamentos de la detención.

Ludueña negó los hechos que se le atribuyen, declarando ante la Justicia el 29 de septiembre: "Acá no hay ninguna decisión de entorpecer. No han resuelto nada, se tomaron 28 días para la indagatoria."

La legisladora Alejandra Ferrero declaró desconocer las acusaciones y señaló que su oficina solicitó el apartamiento del trabajador y presentó la denuncia ante la Justicia.